Aventaja Hugo Aguilar para presidir la Corte

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de junio de 2025.– El candidato indígena, Hugo Aguilar Ortiz, encabeza la votación para ser el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con 73 mil 276 de 84 mil 266 actas computadas hasta las 22:50 horas de este lunes, que equivalen al 86.95 por ciento de los votos emitidos en la elección de ministras y ministros de la SCJN, Aguilar Ortiz se perfila con la preferencia mayoritaria.

En el corte de las 22:50 horas, Hugo Aguilar sumaba 4 millones 933 mil 673 votos, sobre los 4 millones, 687 mil 743 registrados hasta el momento por Lenia Batres Guadarrama.

Aguilar Ortiz es abogado especializado en derechos de los Pueblos Indígenas, con visión de justicia pluricultural y derechos humanos, y cursó una maestría en Derecho Constitucional.

En entrevista con Quadratín México, publicada el pasado 27 de mayo, quien se desempeña como Coordinador General de los Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas consideró que México requiere un modelo judicial pluricultural que atienda las demandas de las comunidades indígenas que conviven en todo el territorio nacional.

El abogado mixteco se pronunció por una justicia humanista que también contemple la atención al medio ambiente.

“Debemos darle preponderancia al interés colectivo por encima de los intereses individuales que buscan lucrar con el interés colectivo”, señala como parte de sus propuestas con las que promovió el voto a favor de su candidatura.

¿Por qué se postuló?

Visión de la función jurisdiccional

La función jurisdiccional tiene el enorme poder de poner fin a una controversia, estableciendo una verdad legal que impacta en la vida de las personas y pueblos. En pocas ocasiones esta verdad legal está acorde con la verdad real. Estimo que este es el reto principal que tiene la función jurisdiccional: acercar la justicia a la realidad, hacerla útil, generar paz y tranquilidad. Las resoluciones deben ser fuente de unidad y no el inicio de nuevas etapas de conflictividad.

Visión de la impartición de justicia

La justicia no se debe basar en la simple aplicación de la ley. La reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como sobre derechos humanos, son la base para incorporar en la impartición de justicia, la visión colectiva de los pueblos y la dimensión humana de toda la nación, en particular de los sectores excluidos; tomando en cuenta sus realidades, aspiraciones de vida y sus contextos. Solo así lograremos una justicia real con efectos transformadores en la vida de todos.

Principales propuestas

Propuesta 1:

Para una justicia congruente con la realidad, se debe impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos. Asimismo, se debe asumir una actitud abierta para aprender del otro, su especificidad, contexto y su realidad. De esta forma, los argumentos que sustenten las resoluciones no serán simples razonamientos formales, sino sustentados en la realidad.

Propuesta 2:

Se debe tener presente el carácter terminal que tienen las resoluciones, así como el hecho de que nadie posee la verdad absoluta. En este sentido, se debe fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae. Asimismo, se debe privilegiar el diálogo con las partes para examinar con mayor profundidad las controversias.

Propuesta 3:

Evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social. Se deberá estar atento al contexto nacional para la resolución de los temas centrales de la vida pública. Para ello, se debe privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las Entidades Federativas, los Municipios, los Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Semblanza

Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional por la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Se desempeñó como Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Fue encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca IEEPCO.

Asesor del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Consultor de la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los Pueblos Indígenas.

Asesor de 6 controversias Constitucionales interpuestas para buscar la invalidez de la Ley de Radio y Televisión.

Participante en el proyecto de co-investigación Gobernar la diversidad con el tema del reconocimiento del sistema electoral en Municipios indígenas.

Participante y ponente en el Congreso de Naciones y nacionalidades indígenas de los Estados Unidos de Norte América en Santa Fe nuevo México.

Participante en la 51 sesión de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las minorías en Ginebra Suiza, con una ponencia sobre los derechos territoriales como un derecho fundamental de los pueblos.